El juez del concurso tomó esa medida luego de que la solicitara la propia empresa
La Justicia de Santa Fe declaró esta mañana la quiebra de la cooperativa láctea SanCor luego de que la propia firma, la semana pasada, solicitara esa medida tras reconocer serias dificultades para resolver su situación en el marco del concurso de acreedores. La medida de la quiebra fue dictada por el juez del caso, Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela.
La cooperativa, que enfrenta una deuda de unos US$120 millones, admitió en su presentación que no estaba en condiciones de afrontar su deuda ni de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores, lo que terminó de sellar el fracaso del proceso de concurso preventivo iniciado en 2025.
LA NACION se contactó con autoridades de la láctea para tener una opinión tras conocerse la quiebra, pero declinaron hacer declaraciones.
El fallo judicial explicó que ese reconocimiento de la cooperativa implica directamente el fracaso del proceso preventivo y habilita la declaración de quiebra. En ese sentido señaló que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.
A lo largo de su resolución, el juez describió un deterioro sostenido que se profundizó incluso durante el propio concurso. La empresa no solo no logró ordenar su situación, sino que siguió generando deuda en forma constante. Según el expediente, el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a $3000 millones por mes, mientras que la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos.
En ese marco remarcó que la situación no es transitoria. “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”, dijo.
En rigor, al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba más de $12.788 millones en salarios adeudados, más de $6349 millones de deuda impositiva y previsional, y más de $13.313 millones de deuda comercial, entre otros rubros. A eso se sumó el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.
Lo que viene
Pese a la quiebra, el juez dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria. La continuidad se va a limitar a las plantas que hoy están en funcionamiento, sobre todo aquellas que trabajan bajo contratos de fasón u otros esquemas similares, siempre que no impliquen generar más deuda. El objetivo es sostener la actividad en lo posible mientras avanza el proceso judicial.
Vale recordar que, en su momento, el gremio Atilra había solicitado la quiebra con la continuidad de la explotación para mantener el trabajo de los empleados.
Según se explicó en la resolución judicial, mantener la operación tiene sentido por el impacto que tendría un corte total. Allí se señala que la interrupción “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.
En paralelo, el fallo planteó que la salida va a ser la venta de la empresa o de sus partes. Para eso se analizará la enajenación de las unidades productivas, ya sea juntas o por separado, mediante un proceso de licitación. “La venta de las unidades productivas que componen la empresa fallida, y sus restantes activos, por separado o en conjunto/s”, detalló.
La Nación
